El testimonio de uno de los 800.000 argentinos indocumentados; la angustia de no tener DNI; la palabra de quienes lo consiguieron a los 25 años
Se presenta como Gustavo Cabrera, dice que tiene 21 años y una hija que se llama Amanda. Cuenta que no lo aceptaron en la escuela, que no sabe lo que es tener un trabajo formal, que no lo atienden en un hospital público, que no pudo votar nunca, que la policía lo deja demorado cuando le pide documentos y él comenta que no tiene. "Nunca tuve DNI. Mi nombre no figura en ningún lado. No existo, parece", dice Gustavo, en una voz baja, casi inaudible, como aplastada por la desazón de peregrinar durante 4 años detrás de un documento "que no sale".
En el galpón de la Sociedad de Fomento de Villa Najera, en San Fernando, el lugar donde nos entrevistamos, un grupo de mujeres conversa y reparte cajas de leche después de contrastar con un listado que ellas tienen la identidad de quienes se acercan. El no ve los movimientos, quedó de espaldas. "Me parece que me voy a morir sin figurar en ninguna parte", dice el muchacho con sus 21 recién cumplidos. Cuenta que si sigue intentando es por su niña: "Quiero poder anotarla con mi apellido", sueña, y agrega que, hoy, en cambio, en la partida de nacimiento de su hija él es una rayita. Le cuesta mirar a los ojos, enfrentarse a preguntas para las que nadie le dio nunca una respuesta. Ni siquiera su madre le supo decir por qué no lo anotó cuando nació.
El suyo no es un caso aislado. Si bien no es fácil llegar a cifras exactas, está reconocido oficialmente que hay cerca de 800.000 argentinos que, como Gustavo Cabrera, transitan por el país como verdaderos NN, sin poder ejercer derechos elementales como votar, educarse, trabajar en blanco, curarse, acceder a un plan social. La pobreza económica y cultural, combinada con la burocracia que se le imprime a los trámites una vez vencidos los plazos legales atentan contra la regularización de estas personas.
Carina Cáceres y Malvina Vera saben de este peregrinar incansable por oficinas públicas. Ahora tienen 27 y 28 años respectivamente y hace recién dos que consiguieron su DNI. Nos esperan en una estación de servicio a metros de La Cava y entramos juntas al barrio. "Acá hay un montón de madres jóvenes como nosotras y pibes que no se anotan, no hay información, no saben", dice Carina, que invita a pasar a la casa de su madre, a la entrada de la villa. Juana, su mamá, apenas alza la cabeza, saluda y sigue frente a la mesa de planchar; tiene que entregar una pila de ropa que se le fue amontonando, se queja por lo bajo.
Su hija relata la historia, cuenta que de sus 9 hermanos, a ella y a uno más -Claudio, que ahora está indocumentado y preso- su madre no los anotó al nacer. Parece no reparar en Juana hasta que llega la consulta: ¿Preguntaste por qué no te anotaron? Entonces, la mira a su madre y sonríe, intentando averiguar. Juana, sin soltar la plancha, se hace cargo: "Yo ya le pedí perdón a mis dos hijos porque cuando quise acordar ya era tarde". Explica que en una mudanza se extraviaron las dos partidas de nacimiento y después se hizo muy difícil cumplir con los trámites que le pedían en la Justicia. "El tiempo fue pasando porque no me era fácil por el trabajo, además había que pagar sellados", se excusa.
Luis Freitas, tesorero del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (iadepp) , una asociación civil sin fines de lucro que trabaja desde hace 7 años con el problema de los indocumentados en la provincia de Buenos Aires, ayuda a entender. "El indocumentado es producto de la pobreza estructural y su falta de inscripción tiene relación directa con la pauperización de las condiciones de vida de miles de personas expulsadas del mercado laboral", explica Freitas, concejal por la UCR en San Isidro.
Su colega Jorge Alvarez, otro de los referentes de la misma institución, asiente y se suma para apuntar el aspecto legal. Reconoce que el Estado avanzó con algunas leyes de amnistías para inscribir indocumentados sin intervención judicial, pero la limitante es que sólo contempla a los menores de 12 años. "Deja afuera a buena parte de los indocumentados existentes, calculados como el 1% de la población", estima. Y propone una nueva legislación que contemple a los mayores que resuelva este tema de exclusión.
Malvina padeció la falta de esta ley. Su mamá falleció cuando ella tenía 16 años y no la había anotado al nacer. Hoy tiene 28 y hace 3 que consiguió su DNI con la ayuda de Iadepp. Le costó tanto que no lo saca nunca a la calle. "Se que ahora ya está, pero siento que si lo pierdo me muero", dice. Asegura que aprendió la lección y cuando nació su hijo lo primero que hizo fue ir a registrarlo. "Yo miro para atrás y siento que no hice nada de mi vida; no quiero que a él le pase lo mismo".
Por Verónica Dema
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